14.3. La Segunda
República: la Constitución de 1931 y el bienio reformista.
1. GOBIERNO PROVISIONAL Y
CONSTITUCIÓN DE 1931
a) El gobierno
provisional.
Las
elecciones municipales del 12/04/1931 suponen el triunfo de la
coalición republicano socialista en la mayor parte de las capitales
de provincia y núcleos industriales. El rey Alfonso XIII se exilió
a París el día 14 de Abril tras publicar un comunicado explicando
sus razones. El mismo día se proclama la República, primero
en Éibar y después en otras ciudades. En Madrid, el gobierno
provisional compuesto por los miembros del Comité Revolucionario, se
dirigió a las ocho de la tarde al Ministerio de la Gobernación de
la Puerta del Sol, desde cuyo balcón fueron aclamados por la
multitud que vitoreaba la recién nacida Segunda República Española.
Su proclamación fue muy popular entre las clases humildes, aunque
sectores de la Iglesia, el ejército, fuerzas de seguridad, sectores
financieros y algunos propietarios agrícolas e industriales no tuvo
tanta aceptación.
El Gobierno Provisional
estaba presidio por Alcalá Zamora y convocó inmediatamente
elecciones a Cortes Constituyentes. Era un gobierno de concentración
entre los que se encontraban: el propio Alcalá Zamora y Miguel Maura
(monárquicos); Lerroux (radical), Marcelino Domingo (radical
socialista); Azaña (Acción Republicana); Prieto, Fernando de los
Ríos y Largo Caballero (PSOE).
Pese a su
provisionalidad decretó una serie de medidas de extrema urgencia:
- la concesión de una amnistía general para los presos políticos
- la proclamación de libertades políticas y sindicales
- reformas de carácter social (decretos de términos municipales, jornada laboral de 8 horas, Ley de Jurados Mixtos).
Al mismo tiempo tuvo que
hacer frente a toda una serie de conflictos que motivaron la
promulgación de una Ley de defensa de la República:
- el incendio de conventos y edificios religiosos en Madrid y Andalucía
- expulsión del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, por su actitud abiertamente hostil.
- primeras huelgas del período propiciadas por la CNT en Madrid y Sevilla, duramente reprimidas.
b) La Constitución de
1931.
Las elecciones a Cortes
Constituyentes se celebraron el 28 de Junio y dieron la mayoría de
los escaños a los socialistas y los republicanos, los partidos que
pertenecían a la izquierda y al centro. Mientras los de derechas no
alcanzaron el centenar de escaños.
La Constitución de 1931
tenía como objetivo la construcción de un régimen político de
carácter democrático. Los artículos anticlericales de la
Constitución, defendidos por Azaña y por los socialistas,
triunfaron por lo que Alcalá-Zamora dimitió, haciéndose cargo
Azaña del gobierno provisional (octubre de 1931).
Sus artículos
reflejaban planteamientos absolutamente nuevos, modernos y
revolucionarios: igualdad ante la ley, la educación y el trabajo,
así como la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza;
libertad de expresión, reunión, asociación, etc.
Definía a España en su
artículo 1º como una “república democrática de trabajadores de
toda clase”. Se suprimía todo privilegio de clase social y de
riqueza, lo que equivalía a anular la nobleza como entidad jurídica.
Se apuntaba también la posibilidad de socialización de la propiedad
y de los principales servicios públicos, aunque los proyectos de
nacionalización de la tierra, las minas, los bancos y los
ferrocarriles nunca se llevaron a cabo.
El poder legislativo
residía en las Cortes, constituidas en un único Congreso de
diputados, elegidos para cuatro años por sufragio universal, incluso
femenino, desde los 23 años. También las Cortes debían elegir al
presidente de la República, con un mandato por seis años. El poder
ejecutivo recaía en el gobierno, y el poder judicial en jueces
independientes.
Se hacía clara
afirmación de la laicidad del Estado, al no declarar ninguna
religión como oficial y al reconocer el matrimonio civil y el
divorcio.
Respecto a la cuestión
autonómica la Constitución consideraba la República como un
“Estado integral”, compatible con la “autonomía de los
municipios y las regiones”. Esto abrió la posibilidad de elaborar
Estatutos de autonomía y constituir regiones autónomas.
c) Los partidos políticos
durante la Segunda República.
LOS PARTIDOS DE
IZQUIERDAS
- Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Contaba con el apoyo de la UGT. Destacaron J. Besteiro, Indalecio Prieto y Largo Caballero. Fue el partido más votado con 116 escaños.
- Acción Republicana (luego Izquierda Republicana) fundado por Manuel Azaña.
- El Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo.
- El Partido Comunista de España, creado en 1921 de una rama bolchevique del socialismo. Entre sus líderes destacaron José Díaz y Dolores Ibárruri (la Pasionaria). En 1936 se creó el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) de tendencia antiestanilista.
- Esquerra Republicana de Catalunya, dirigido sucesivamente por los dos presidentes de la Generalitat de Cataluña, Maciá y Companys.
LOS PARTIDOS DE CENTRO
- El Partido Radical, dirigido por Alejandro Lerroux.
- La Derecha liberal republicana de Alcalá-Zamora.
LOS PARTIDOS DE DERECHA
- Además de los Monárquicos alfonsinos y los carlistas, fueron importantes el Partido Agrario, que aglutinaba a los agricultores medios de Castilla y León; y Acción Popular, que contaba con un programa de política social católica bajo la inspiración del cardenal Herrera Oria y la jefatura de José Mª Gil Robles. En 1933, este partido sería el eje de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas).
- A partir de 1935, el Bloque Nacional, dirigido por José Calvo Sotelo, de orientación monárquica y autoritaria.
- En 1933 José Antonio Primo de Rivera fundó Falange Española; posteriormente se fusionaría con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), organización creada por Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, formándose la Falange Española de las Jons.
- Entre los partidos autonomistas se incluyen la Lliga Regionalista de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco.
2. BIENIO REFORMISTA (1931-1933)
Aprobada la Constitución fue designado Presidente de la República Alcalá-Zamora y Jefe del Gobierno, Manuel Azaña. El nuevo gobierno, integrado mayoritariamente por republicanos de izquierda y socialistas, continuó con el programa de reformas ya iniciado en el período constituye, con el objetivo de modernizar y democratizar la sociedad española.
a) La cuestión religiosa.
Teniendo como base la separación dela Iglesia y el Estado, se promulgó la extinción en dos años del presupuesto del clero y culto y el sometimiento de las órdenes religiosas a una ley especial (Ley de Congregaciones Religiosas). A lo largo de 1932 y 1933 se fueron promulgando leyes y decretos complementarios: disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes; matrimonio civil, divorcio y secularización de cementerios; prohibición de al enseñanza a las órdenes religiosas. Esto significó una constante oposición entre la Iglesia y la República.
b) La modernización del ejército.
El gobierno republicano acometió la reforma del ejército desde la cartera de Defensa que el propio Manuel Azaña había asumido. Puesto que el ejército español disponía en ese momento de un exceso de oficiales (macrocefalia: más de 20.000 para 100.000 hombres), promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (Ley Azaña, abril de 1931), que establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República, pero se les daba la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro si así lo deseaban. Más de la mitad de la oficialidad aceptó la oferta (7.500). También se suprimió la Academia General de Zaragoza, pues era un vivero de sectores golpistas. Posteriormente se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República. La reforma no fue bien recibida por algunos sectores militares, especialmente africanistas.
c) El problema agrario.
E gobierno de la República fue consciente de la necesidad de afrontar una reforma agraria. En 1931, casi la mitad de la población activa española trabajaba en la agricultura, de los cuales 2 millones eran jornaleros. El gobierno provisional ya había promulgado dos decretos en 1931:
- Decreto de Términos Municipales (abril), que obligaba a contratar preferentemente a los braceros locales, evitando la estrategia patronal de romper las huelgas con la contratación de campesinos de otros términos o comarcas.
- Decreto de Laboreo Forzoso (mayo), que obligaba a los propietarios a explotar sus fincas. En caso contrario, éstas se cederían a los campesinos para su roturación.
Hubo una gran resistencia de los patronos a la hora de aplicar los decretos, aumentando el número de huelgas entre los campesinos y con graves conflictos con las fuerzas del orden público, como en Castilblanco (Badajoz) y Arnedo (Logroño).
La oposición a la política del Gobierno aumentó cuando empezó a discutirse en las Cortes el proyecto de Ley de Reforma Agraria que fue aprobado el 9 de septiembre de 1932. La ley establecía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas directamente por sus dueños, así como las incultas y las de regadío no regadas, con el fin de ser repartidas entre familias de campesinos o entre colectividades de agricultores. Las tierras de la nobleza y las de los que habían participado en el levantamiento del general Sanjurjo (agosto de 1932) fueron confiscadas sin indemnización. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA). Se otorgó al Instituto un crédito anual e 50 millones de pesetas y se proyecto asentar anualmente de 60 a 75 mil campesinos.
Los problemas que se presentaron fueron numerosos y graves, son contar con la oposición de los terratenientes expropiados o confiscados. De esta forma, en vez de los 60.000 campesinos que se había proyectado asentar anualmente, sólo se alcanzo la cifra de 12.000 después de dos años.
d) La cuestión regional.
La cuestión de la diversidad nacional dentro de España fue uno de los primeros problemas que tuvo que plantearse la República. El 14 de abril de 1931, Maciá, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, había proclamado la República Catalana. El gobierno provisional tuvo que negociar con él para que anulara esta expresión a cambio de un gobierno autonómico provisional (la Generalitat). Una comisión redactó un Estatuo de Autonomía (Estatuto de Nuria) que fue aprobado por el 99% de la población catalana.
La Constitución mencionaba la posibilidad de conceder la autonomía a las regiones que lo solicitasen. Se inició en las Cortes es estudio de esta cuestión aprobándose el Estatuo de Cataluña en septiembre de 1932. Cataluña se convertía en región autónoma, con un gobierno y parlamento propio. Tras las primeras elecciones, Maciá fue elegido presidente de la Generalitat, siendo sustituido a su muerte por Lluís Companys.
El carácter fuertemente confesional del Partido Nacionalista Vasco dificultó las conversaciones con el gobierno de izquierdas sobre el futuro Estatuo de Euskadi, que no llegó a ser aprobado hasta 1936. Otras regiones (Aragón, Castilla la Vieja-León, Valencia, Galicia, Baleares, Andalucía), iniciaron también proyectos autonómicos, pero no llegaron a realizarse.
e) La obra educativa y culural.
En el campo de la educación, el problema básico con el que tuvo que enfrentarse la República fue el elevado índice de analfabetismo, superior al 30%, y la falta de escolarización de casi la mitad de la población infantil. El objetivo primordial fue promover una educación laica y liberal, extendiendo la educación a toda la población. Los proyectos iniciales de creación de plazas escolares se vieron frenados por la falta de presupuestos, a pesar de lo cual en dos años se crearon más de 13.000 aulas y 7.000 plazas de maestros. Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta laica, obligatoria y gratuita.
Hubo interesantes proyectos en el campo educacional, contando con el antecedente de la labor de la Institución Libre de Enseñanza: modernización de la Universidad, ampliación de los centros y alumnos de bachillerato, bibliotecas ambulantes y misiones pedagógicas.
f) Crisis de la República de izquierdas.
En agosto de 1932 se produjo el alzamiento fallido del general Sanjurjo. A finales de ese año, Azaña gozaba de un inmenso prestigio y popularidad. Había culminado una reforma militar, se estaba impulsando la reforma agraria, se había derrotado la sublevación militar y se había aprobado el Estatuto de Cataluña (fue aclamado por la multitud en su viaje a Barcelona). Sin embargo, pronto se produce un vuelco inesperado de la situación.
En los primeros días de 1933 hubo una oleada de esporádicos levantamientos anarquistas en pequeñas localidades de Cataluña, Levante y Andalucía. Uno de ellos fue el de Casas Viejas, un pueblecito gaditano, donde debido a la extensión del latifundio sólo se sembraba un tercio de la tierra disponible, de modo que medio millar de campesinos sin tierra estaba sometido al paro forzoso estacional. Anarquistas de la CNT destituyeron al alcalde y asaltaron el cuartel de la guardia civil, un guardia murió y otros resultaron heridos. La dura represión de los Guardias de Asalto y la Guardia Civil provocó doce muertos causando un gran descrédito en el gobierno. Unido al desgaste a causa de la conflictividad acabó provocando la dimisión de Azaña. El presidente de la República, Alcalá-Zamora otorgó la presidencia del gobierno a los radicales, primero a Lerroux y, pocas semanas más tarde, a Martínez Barrio. Su objetivo era la convocatoria de nuevas elecciones.
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